La escena es familiar: vecinos sentados a la puerta de casa, conversando al atardecer mientras corre una ligera brisa. Es un ritual veraniego profundamente arraigado en los pueblos de toda España, pero ahora se encuentra en el punto de mira. La Policía Local de Santa Fe, un municipio de la provincia de Granada, ha lanzado un comunicado en redes sociales recordando que esta costumbre tan castiza no siempre es legal.
Sacar la silla a la calle para tomar el fresco: ¿una tradición en peligro?
El mensaje, publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), lo deja claro: la vía pública es un "espacio común regulado", y aunque entienden que “se ha hecho toda la vida”, insisten en que es necesario respetar las normas para preservar la convivencia y la seguridad. “Si alguna vez te pedimos que retires sillas o mesas, por favor hazlo con comprensión”, apelan directamente a los vecinos.
Sabemos que sacar sillas o mesas a la puerta es tradición en muchos pueblos, pero la vía pública está regulada. Si la Policía pide retirarlas, hazlo por respeto y convivencia. Con civismo y sentido común no hay molestias. ¡Gracias por colaborar! pic.twitter.com/Qvr6CftpZS
— Policia Local (@PoliciaLocalSF) May 27, 2025
La publicación no ha tardado en convertirse en viral, generando debate y hasta sorna en redes sociales. Muchos usuarios defienden la tradición como un elemento clave de la vida en comunidad, incluso calificándola como "el mejor invento social del siglo XX". Otros, más críticos, apelan al derecho al descanso o al libre tránsito.
Si analizamos en detalle el asunto, lo cierto es que respuesta no es tan simple. En España, el uso del espacio público está regulado por ordenanzas municipales, lo que significa que cada ayuntamiento decide si permite —o no— sacar la silla a la calle. Realmente no hay una ley estatal que lo prohíba expresamente, pero ciertas conductas pueden considerarse sancionables si obstaculizan el paso, causan molestias o invaden la vía pública sin autorización.
El cuento cambia en otros puntos de España. ciudades como Madrid o Barcelona, donde el espacio público es más limitado y el tráfico peatonal más intenso, las ordenanzas son mucho más estrictas. Las sanciones por ocupar la calle sin permiso pueden alcanzar los 750 euros. Sin embargo, en los pueblos pequeños, la práctica ha sido históricamente tolerada… siempre que no moleste.
Eso sí, incluso en estos entornos más relajados, la Policía Local puede intervenir si considera que hay riesgo para la seguridad o la accesibilidad. Porque al final, por entrañable que sea la escena, la calle sigue siendo un espacio compartido.
